La Ley de Transparencia otorga a todas las personas, físicas o jurídicas, el derecho a pedir información pública que tenga el Banco de España, siempre que se haya elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones y actividades sujetas a derecho administrativo.
Este derecho puede limitarse o negarse en los casos previstos en los artículos 14 y 15 de la Ley de Transparencia, entre otros, si afecta a la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión; y la protección de datos de carácter personal de terceras personas.
Además, se rigen por su normativa específica aquellas materias que tengan previsto un régimen específico de acceso a la información y el acceso a documentos de un procedimiento en curso.
Trámite para: Cualquier persona física o jurídica.